Los Programas de Integridad son un criterio obligatorio de evaluación en las compras públicas. Lejos de ser una formalidad, los programas buscan prevenir delitos, riesgos de corrupción y conductas indebidas a lo largo de todo el ciclo de compras públicas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.634, los criterios de evaluación que priorizan el impacto social tienen un marco legal que permite el aumento de su uso en licitaciones. Estos elementos, pueden significar hasta un 10% del puntaje en los procesos de adjudicación.

Más que una simple exigencia documental, estas normas representan una ruta hacia la excelencia organizacional. En nuestra empresa, con más de 15 años de experiencia en implementación y auditoría interna de sistemas de gestión